jueves, 31 de enero de 2013

Argentina: Los canales cooperativos de TV se afianzan en todo el territorio

Casi 40 señales de todo el país se agruparon en Trama Audiovisual, la primera entidad colectiva del rubro. Los planes para la producción de contenidos y la disputa con Clarín.

A más de tres años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa produciendo transformaciones no sólo en el mapa de medios, sino en la generación de otro paradigma comunicacional que abre las puertas a la entrada de actores que tenían vedada su participación en la etapa de la Ley de Radiodifusión de la última dictadura cívico-militar. En ese contexto, en noviembre de 2012, se constituyó la cooperativa Trama Audiovisual, la primera entidad colectiva de canales de TV cooperativos del país luego de la sanción de la Ley de Medios, y que ya comenzó a dar sus primeros pasos con 39 canales de cooperativas, mutuales, pymes, gremios, en distintas ciudades y localidades de la región. Esta cooperativa surgió del proyecto Usina de Medios (Ver Aparte) como producto del esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar).

"El objetivo principal de Trama es promover acciones tendientes a facilitar que todas las cooperativas puedan tener producción de contenidos audiovisuales", definió Nicolás Ambrosius, presidente de Trama. "Desde generar alianzas con otras producciones, facilitar cooperativas de hecho, hasta ayudarlos a conseguir financimiento", amplió Ambrosius, quien además preside la Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Celta, de la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, APEBA (Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires) y la empresa Vientos Reta SA, que lleva adelante un proyecto para producir energía eólica. "Acá no tiene que haber un subsidio del Estado para que las cooperativas puedan hacer producciones, porque eso no es sustentable en el tiempo. Uno de los trabajos que tiene que hacer Trama justamente es armar núcleos y polos comerciales, entre varias cooperativas, económicamente viables y que se puedan autofinanciar. Si se depende de una ayuda que viene de arriba, el contenido independiente se puede desvirtuar. Esto más allá de que pueda venir para los proyectos algún crédito con alguna tasa modificada, pero eso es algo natural", señaló Ambrosius.

"Lo que se busca en Trama es que los canales de televisión, las pantallas locales se junten, para priorizar los recursos siempre escasos que tienen los medios sin fines de lucro, en la construcción de la realidad comunicacional de su territorio. Y que en el resto de la programación pueda darse una programación masiva, popular, de alta calidad. La idea básica es coproducir programas que puedan competir y dar la batalla dentro de múltiples pantallas. Hoy Trama está conformada por un grupo de pioneros, 39 canales de televisión, aunque estamos trabajando con muchos más", consignó Juan Manuel Berlanga, responsable de Prensa y Difusión del Programa Usina de Medios. Para que el sistema comience a ser sustentable sin depender del Estado, una de las claves será una pantalla capaz de atraer pauta publicitaria. "Generar un sistema sustentable es la gran preocupación de todos. Tenemos la plena convicción de que las cooperativas o mutuales del sector sin fines de lucro tienen la capacidad técnica, administrativa y conocimientos para poder llevar adelante estos emprendimientos. El cooperativismo y mutualismo en el sector de seguros es líder en el país, es importante también en lo que tiene que ver con los lácteos", ejemplificó.

Y agregó: "Como esta es una decisión tomada por el conjunto de la economía solidaria, hay muchísimas empresas como Sancor, Creedicoop, La Primera, La Segunda, o Supermercados El Obrero, que tienen más de 100 sucursales en todo el país, que han sido partícipes o co-partícipes de este proyecto y están dispuestas a anunciar fuertemente, y ya lo vienen haciendo, en estos nuevos medios que, en realidad, son sus medios".

A corto plazo, desde Trama confirmaron que, muy probablemente a mediados de febrero, se concrete una asamblea nacional que tendrá como necesario contexto la disputa con el Grupo Clarín.
"Tenemos más de 20 proyectos de canales de televisión de aire en más de 17 provincias del país, armados, listos y esperando que la ASFCA nos dé el ok para que se abran los pliegos y licitar. También estamos a la espera del resultado de esta batalla –porque lamentablemente es una batalla– que tiene que llevar adelante el Estado Nacional para poder terminar de aplicar una parte no menor de la Ley de Medios, donde prevalece la inversión de los que todo lo tienen", señaló Berlanga en alusión a Clarín. "Es muy difícil pelear contra el gigante. Hay más de 200 cooperativas en todo el país que pueden y están dispuestas a cablear con fibra óptica cada una de sus localidades. Lo podremos hacer en tanto y en cuanto Cablevisión deje de ser el monstruo, una sola empresa monopolizando licencias por todo el país, porque es realmente una competencia imposible y absolutamente desleal. Estamos esperando que haya una competencia más sana para que nosotros podamos ser. Confiamos plenamente en la AFSCA y en la política que está llevando adelante el gobierno en esto, y seguimos construyendo alternativas superadoras, como por ejemplo Trama", concluyó. «



Claves de la "usina de medios"

"Usina de Medios es un programa de trabajo, en una decisión que toma en conjunto el sector de la economía solidaria, junto con el Estado nacional. Por un lado Cooperar, que nuclea a las cooperativas del país, y por el otro lado el INAES, del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de la Ley de Medios, para estimular la creación de nuevos medios de comunicación audiovisual tal como lo prevé la legislación, que reserva justamente un tercio del espacio para canales y radios sin fines de lucro", explica Juan Manuel Berlanga, responsable de Comunicación del programa Usina de Medios.
"Por el otro lado, el programa se crea para comenzar a consolidar entidades que agrupen a los medios ya existentes del sector de la economía solidaria, que son muchísimos. A partir de eso se desarrollaron trabajos en radio, en gráfica y en televisión", detalla.

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"Queremos una televisión competitiva"

G. M.

Damián Kirzner es el director de Contenidos de Trama Audiovisual. Con una vasta y exitosa trayectoria, es productor  general y director artístico de Cine y TV .
Adelantó a Tiempo Argentino algunas características de Trama en cuanto a contenidos. "Tenemos que hacer una televisión competitiva, no con el fin de ganar plata, sino para que estos medios de comunicación puedan seguir existiendo. Cada pantalla tendrá voz local, y producciones a gran escala. Para hacer una producción a gran escala, nos juntamos todos y en una mesa directiva donde cada canal manda a un directivo, y se decidirá qué producto se necesita hacer. Cada canal va a poder estrenar estas producciones de alta escala y calidad competitiva en exclusiva en su pantalla, en el horario que quiera, con su nombre, logo e ideología", detalló. "Trama va a ser una gestora de contenidos, de coproducción y también va a poder comprar productos a escala nacional", resumió. Y definió una tendencia que avanza fuerte: los contenidos transmedia. "La gente consume televisión, pero con otra pantalla adelante. ¿Qué es un transmedia? Un contenido que cruza diferentes plataformas, como televisión, teléfono, computadora, y puede tener o estar relacionado con algún evento en vivo. Y la gente también puede generar contenidos", adelanta.


Fuente: http://tiempo.infonews.com/2013/01/29/argentina-95423-los-canales-cooperativos-de-tv-se-afianzan-en-todo-el-territorio.php 

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Pymes: para procesos asociativos, Industria entregó $ 16 millones en aportes no reembolsables hasta fin de 2012

La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió hoy en el Palacio de Hacienda con diez grupos asociativos beneficiados por el programa que nuclea a 103 pymes de  Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Chubut. Estos grupos fueron distinguidos por contribuir a fortalecer la cadena de valor que representan, fortalecer la economía local, agregar valor en territorio y crear empleo de calidad.

En 2012, a través de esta herramienta fueron asistidos  40 clusters integrados por unas 500 empresas.

“El Estado está presente para ayudar a quienes quieren emprender y ser industriales, y para marcar la cancha a quienes siempre se quieren quedar con todo” dijo Giorgi y resaltó que “recuperamos los valores de la solidaridad, de saber que no nos podemos salvar de a uno sino todos juntos”.

El programa de Sistemas Productivos Locales ya destinó más de 16 millones de pesos en aportes no reembolsables que permitieron asistir técnica y económicamente a 147 grupos asociativos, compuestos por más de 2.300 pymes que involucran a más de 11.000 puestos de trabajo.

Los 10 clusters reconocidos en el acto realizado en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda son de las localidades bonaerenses de Mar de Ajó y Coronel Suárez, y de las provincias de Salta, Santa Fe, Chubut y Córdoba. Representan a sectores clave del desarrollo industrial como software y servicios de información, electrónico, madera y mueble, agroindustria, alimentos e industrias culturales.

Este instrumento que aplica la Secretaría Pyme brinda asistencia para la conformación del grupo asociativo, financiando durante un año los honorarios de un gerente que los gestione y se realizan aportes económicos directos, no reembolsables, de hasta 600 mil pesos para inversiones de uso común del grupo ó hasta $ 1.500.000 destinados a apoyar proyectos de inversión de Centros de Servicios Industriales y Laboratorios de Investigación, Desarrollo e Innovación en Parques, Áreas u otros aglomerados industriales.

Grupos distinguidos

El Clúster Electrónico de Salta, formado por seis pymes locales, se dedica a la producción de plaquetas electrónicas. Este grupo, que realizó una inversión de más de $ 400.000, de los cuales $ 261.000 fueron desembolsados por la cartera industrial, incorporó tecnología de punta para tecnificar los procesos productivos y reforzar su estrategia comercial.

También en Salta se encuentra el grupo Matadero de Seclantás. Formado por 24 productores, recibieron aportes no reintegrables (ANR) por $ 300.000 para adquirir una cámara frigorífica, una báscula para el matadero y equipamiento. Esto les permitirá fortalecer los diferentes eslabones de la cadena productiva para dinamizar la economía regional.

En tanto, el cluster salteño Quesos de Cabra de Amblayo, formado por 17 productores, recibió ANR por $300.000 (en el marco de una inversión total de $700.000). Este grupo se unió para ampliar la capacidad productiva que realizaban pequeños productores locales en una única planta que les permita fortalecer la producción de quesos.

El Cluster Tecnológico de San Francisco, de Córdoba, reúne a 14 pymes que se dedican a desarrollar software y servicios informáticos. Con aportes no reembolsables por unos $70.000, trabajan en consolidar una estrategia de integración comercial y asociativa para aprovechar las economías de escala vinculadas  al sector al que representan.

El Consorcio de Energías Renovables de la Patagonia (CERP) está formado por 5 pymes. Con una inversión de más de $ 1,2 millón y ANR por $ 600.000, se unieron para reforzar la oferta productiva, potenciar gestiones de compras, y lograr desarrollar nuevos proyectos.

A través del asociativismo, este cluster logró avanzar en la puesta en marcha tipo CER50KW (que hasta el momento no se producían en Argentina), lo que permitirá la sustitución de importaciones con la consiguiente generación de empleo.

Por su parte, el cluster Cooperativa Colonia Las Tunas, provincia de Entre Ríos, está integrado por 12 productores dedicados a la producción de cítricos. Juntos, y con aportes no reintegrables por $ 460.000, planean adquirir equipamiento para tecnificar el proceso de empaque, registro y desarrollo de  marca.

Con la asistencia brindada por esta herramienta, estos productores de cítricos y hortalizas lograrán autonomía comercial en la oferta de los productos para abastecer el mercado local, generarán fuentes de trabajo concretas con el empaque y lograrán arraigo local, contribuyendo a la consolidación de la economía en esta zona rural de Colonia Las Tunas.

Un caso paradigmático es la Cooperativa PPR TV Canal 4 de la localidad bonaerense de Mar de Ajó. Formada por 10 productores locales, este cluster será para  adquirir equipamiento para la puesta en marcha del canal local, contribuyendo a la diversificación de contenidos y a la pluralidad de voces locales. Este proyecto generará fuerte arraigo local y fuentes de trabajo.

Otro cluster que recibió la distinción por parte de la ministra es el grupo asociativo Micro Usina Lactea. Santa Fe 2020. Formado por 5 pymes de Santa Fe, trabajarán en fabricar un prototipo de microusina láctea.

Asimismo,  los grupos asociativos de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, Muebles su Módulo y Aberturas de aluminio y PVC (ambos formados por 5 pymes cada uno) también son asistidos por la cartera industrial para adquirir maquinaria para potenciar la calidad de la producción, generar empleo y arraigo local.


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Sabbatella: "Lo de De la Sota es un acto de censura"

El titular de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual consideró que la decisión del gobernador de Córdoba de dar de baja a tres antena de Televisión Abierta Digital (TDA) no refiere a problemas técnicos, sino a "frenar la democratización" de medios y "favorecer a los grupos que concentran la información, que son los mismos que no quieren cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

“No existen razones ambientales que justifiquen estos actos de censura del gobernador De la Sota. Se trata de un acto de censura y un ataque violento a la libertad de expresión”, sentenció Martín Sabbatella después de encabezar una reunión con representantes de las emisoras que integran la red de TDA, y luego de que el Ejecutivo cordobés clausurara antenas de ese sistema instaladas en Villa María, Leones y Río Cuarto con el argumento de que Arsat no presentó la información correspondiente al “aviso de proyecto”.

Para el titular del Afsca, "hay que explicarle (a De la Sota) que es gobernador y no emperador, y que hay leyes que tiene que cumplir". En total, en esa provincia funcionan cinco instalaciones de ese tipo que alcanzan una cobertura potencial de 2,7 millones de habitantes, a través de 107 mil decodificadores distribuidos gratuitamente.

Por su parte, los empresarios integrantes de la red TDA transmitieron “su rechazo a la clausura de las antenas" y "la profunda preocupación por este acto de censura que significa un ataque directo al derecho a la información y a la libertad de expresión”, según afirmó el Afsca a través de un comunicado.


Fuente:  http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-212915-2013-01-30.html

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miércoles, 30 de enero de 2013

Comunicado de Usina de Medios y Trama Audiovisual en repudio a De La Sota

Usina de Medios y Trama Audiovisual manifiestan su más enérgico repudio a la decisión ilegal, antidemocrática y discriminatoria del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de La Sota, de “clausurar” tres antenas de Televisión Digital Abierta por considerar que se trata de una política reactiva al rol activo del Estado y contraria a los derechos a la comunicación consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica.
Como iniciativas del movimiento cooperativista y mutualista, Usina de Medios y Trama expresan su preocupación con que la política implementada por la administración cordobesa contra los vecinos de las localidades de Río Cuarto, Leones y Villa María, y subyacentes, se extienda a las antenas instaladas en Villa Dolores y Malagueño.
Cabe destacar que a pesar de haber instaladas 70 antenas de todo el país, el de De La Sota es el único gobierno que ha implementado de forma ilegal, antidemocrática y discriminatoria esta decisión en contra de los intereses populares de 400 mil vecinos y en favor de una empresa privada que, casualmente, es la única que se niega a cumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las cooperativas y mutuales de todo el país somos víctimas de las políticas monopólicas del Grupo Clarín, que mediante Cablevisión impide la libre competencia en las localidades de todo el país.

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El Ministerio de Planificación inició acciones legales para revertir la clasura de TDA en Córdoba

El ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informa que como accionista mayoritario de la empresa ARSAT ha iniciado acciones legales contra la Provincia de Córdoba y continuará instrumentando todas las medidas judiciales necesarias para revertir la injustificada y arbitraria clausura de las antenas de la TV Digital Abierta (TDA) por parte de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de dicha provincia.

Dicha medida fue tomada en base a excusas burocráticas sin ningún fundamento técnico con el único propósito de censurar a las más de 20 señales públicas y privadas que allí se emiten de forma gratuita, como Encuentro, Pakapaka, TATETI, INCAA TV, TV Pública, TEC, DeporTV, Vivra, Suri TV, Arpeggio, CN23, C5N, Telesur, 360, Construir, CBA24 y Canal 10, entre otras.

Cabe señalar que todos los permisos ambientales fueron solicitados en tiempo y forma, de la misma manera que se hizo en las 63 localidades donde funciona la TV Digital Abierta, sin que a la fecha se haya registrado ningún reclamo, lo que demuestra la animosidad de la medida, ya que además esta misma tecnología fue aprobada y se utiliza no sólo en otras  20 provincias argentinas sino también en otros países como Japón o Brasil.

Asimismo, los niveles de emisión de las antenas de TV Digital son 10 veces menores a las de la radio FM y 50 veces menores que las de la televisión analógica. También, a diferencia de lo que ocurre con la televisión analógica, en la que se instala una antena lo más potente posible para cubrir mayor espacio, al planificar el despliegue de la televisión digital se resolvió poner antenas más pequeñas para reducir el impacto ambiental.

Por lo tanto, se continuarán los reclamos, tanto por la vía administrativa como judicial, para que las autoridades provinciales reviertan esta arbitraria clausura así como también se demandará por daños a la empresa EPEC por el incumplimiento del contrato de cesión del predio en el que funcionaba la antena de Río Cuarto, el cual fue rescindido unilateralmente, y se reclamará un resarcimiento de 20 millones de pesos por las inversiones realizadas.


Fuente: http://www.tda.gob.ar/notas/3775-el-ministerio-planificacion-inicio-acciones-legales-revertir-la-clasura-tda-cordoba

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Medios y Nuestra América: La reacción al mandato popular y a la Ley de Comunicación en Ecuador

A pesar de haber sido establecida en la Constitución de 2008, y ratificada en consulta popular en mayo de 2011, la Ley Orgánica de Comunicación aún no ha sido puesta en vigencia debido a las resistencias políticas de la oposición y el lobby de los multimedios de la comunicación.

Ecuador: junio de 2012. La disputa entre el gobierno democrático de Rafael Correa por poner en vigencia una nueva ley de comunicación continúa vigente. Incorporada al texto de la constitución en 2008, rápidamente encontró resistencias en los sectores monopólicos y oligopólicos de la prensa ecuatoriana, y en el arco político opositor. En su cruzada por hacer valer esta ley y demostrar que la mayoría de los ecuatorianos están de acuerdo con que ésta entre en vigor, el presidente Correa realizó una consulta popular el 7 de mayo de 2011. La mayoría dijo que sí, que querían una nueva ley de comunicación. A pesar de todo esto, la ley sigue siendo una expresión de deseo. Básicamente se da de cara contra los intereses del sector privado de la comunicación, ya que verían reducido sustancialmente su espacio.

La ley también prevé otras cuestiones como la regulación o prohibición de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales; y la obligación para las estaciones de radio y televisión de difundir producciones nacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Fernando Cordero, dio referencias en torno a que el proyecto desarrolla los derechos de información y los derechos de libertad consagrados en la Constitución; y que la ley se sustenta no sólo en el derecho constitucional a la libertad de expresión, sino en el derecho de los ecuatorianos a recibir, difundir información, y de crear medios de comunicación.
 
Los grupos monopólicos de Ecuador, que ven peligrar sus intereses; y los grupos políticos opositores al gobierno, señalan que el proyecto atenta contra la libertad de expresión y la denominan con el poco original nombre de “ley mordaza”.

Como en 2008, cuando fue incluida en la Constitución Nacional del país andino, aún se sigue discutiendo la necesidad, viabilidad, operatividad y seriedad de tener una nueva ley de medios de comunicación.

Una de las trabas más importantes que han logrado imponer los conglomerados de la información fue en el propio Congreso. Luego de la consulta popular, de los 124 legisladores, sólo 63 ratificaron que iban a votar punto por punto lo que las mayorías decidieron un año atrás.

El texto de 128 artículos y 16 transitorias crea un Consejo de Regulación de contenidos de los medios, que tendrá facultad para fijar sanciones administrativas contra los infractores de la ley y deberá remitir a la Fiscalía la información que conozca sobre violación de derechos que evidencien la comisión de delitos de acción pública.

El texto declara que “todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio”, pero advierte que “serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley”. Prohíbe la censura previa, a la que define como “la revisión, aprobación o desaprobación, por parte de una autoridad o funcionario público de los contenidos previo a su difusión a través de cualquier medio de comunicación”.

No puede pasarse por alto en este marco el fallido intento de derrocamiento al presidente Correa de septiembre de 2010, en el que los medios masivos de comunicación libraron una feroz batalla para desinformar y dealentar a la población a que saliera a las calles a defender a un gobierno elegido democráticamente.

Más allá de todas las garantías expresadas en la letra de la ley, que benfician sustancialmente a la población, las resistencias continúan en aumento, y parecen no deternerse ni morigerar su intensidad. Es que cuando lo que está en juego es la libre expresión y derecho de millones de personas a informar y estar informado, la pelea es álgida. De la misma manera, las grandes transnacionales de la información en Ecuador (como en cualquier lugar del mundo) han dejado en claro que cuando tocan sus intereses están dispuestos a apelar a todo para preservar sus intereses. Nada nuevo bajo el sol.


Fuente: http://observatoriomedios.org/notas-observatorio-de-medios-politico-social-cultural/2-ecuador-la-resistencia-al-mandato-popular.html

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440 mil razones para revisar su cámara web

Un experimento de visualización de cámaras que transmiten en vivo sin que sus dueños lo sepan tuvo mas de 440 mil visitas en apenas unos días. El problema de la sobreconexión y de vivir en público no es exclusivo de TrendNet: se descubrió un agujero en Panasonic.
 
Desde hace un año se sabe que hay miles de cámaras web TrendNet (de esas que se instalan en supermercados, cocheras, lugares de trabajo e inclusive para controlar a niños y bebés) transmitiendo en vivo por la red, sin que sus dueños lo sepan. Esta semana, el mapa de las cámaras web que transmiten sin avisar desarrollado por @runixo, un participante de Hacks/Hackers Buenos Aires, llego súbita e inesperadamente a 440 mil visitas en menos de una semana. De ese número –que podría haber seguido subiendo–, cerca de 280 mil entraron en apenas dos días y el resto llegó cuando el mapa ya no andaba: había sido desconectado de Google por violar el inciso 10 de sus términos y condiciones según informó gentilmente Gavin McGinty del área legal de Google.

El deseo fisgón a nivel global había sido consumado con celeridad, cuando varios de los sitios tecnológicos con más trafico en el mundo levantaron la noticia. Primero fue NetworkWorld, luego The Verge y más tarde Gizmodo, sitio de donde llegó más del 45 por ciento del tráfico, y finalmente en medios regionales como FayerWayer. NetworkWorld interpretó erróneamente que se trataba de una campaña organizada por @Trendnetexposed para alertar a los usuarios, cuando se trató –más que nada– de una visualización para interpretar los datos y darle dimensión al problema, de un grupo que junta periodistas con programadores. La noticia fue publicada también en francés, alemán y ruso, al menos, además de en cuanto foro y red social anduviera disponible por ahí.

Pero vamos al punto: el asunto es que desde hace al menos tres años, una buena cantidad de las cincuenta mil cámaras vendidas por TrendNet sigue transmitiendo en vivo y poco ha hecho la empresa por evitarlo, más que actualizar el software que controla la cámara, cuyo enlace había sido gentilmente ofrecido en el sitio cams.hhba.info. Y ni siquiera a esta altura es exclusividad de TrendNet: el hacker Tom Robinson, que trabaja en 280 North, una start up acelerada en Y Combinator, acaba de postear en su página 325 cámaras web desprotegidas de la marca Panasonic, con la mayoría de los streaming viniendo de Asia, y todas fácilmente buscables a través de Google. De cualquier manera, la otra cuestión es como éste es un ejemplo de lo poderosa que puede ser Internet en la difusión de una idea, sobre el valor agregado que puede generar el contenido interactivo y sobre el lugar que tienen los medios en la dispersión de noticias.

El 10 de enero de 2012, en el blog de Console Cowboys se publicó un artículo que mostraba que miles de cámaras TrendNet conectadas a Internet tenían un problema de seguridad que permitía a cualquier usuario mirar esas cámaras en tiempo real, sin necesidad de usar una clave por la web. Hace un año, las direcciones de esas cámaras se hicieron públicas en los foros más populares de la cultura hacker y el asunto llegó al sitio The Verge. Así, finalmente, la información fue publicada en el servicio de noticias de la BBC londinense y la noticia se difundió rápidamente. Pero mientras lo hacía conocer en su blog, el hacker le había avisado al fabricante y había subido una serie de imágenes recogidas públicamente desde la web para alertar sobre el problema. La empresa trabajó en la corrección del “error” del código que había sido desarrollado en 2010.

El descubrimiento hecho por Console Cowboys sobre las cámaras TrendNet TV-IP110w, ocurrió cuando encontró una serie de directorios sospechosos y lo llevó a probar una combinación de 15 caracteres en donde descubrió que desde cualquier navegador podía verse lo que el aparato estaba filmando. Primero pensó que se trataba de un error personal, que le faltaba configurar los usuarios, como cuando alguien se compra un router wifi y tiene que ponerle una clave. Pero no era así, no era posible “desactivar” esta función. Entonces, para encontrar otras cámaras disponibles con la misma configuración, le bastó al autor con ir al sitio Shodan (shodanhq.com), un buscador de “artefactos”.

El 21 de febrero de 2012, este cronista publicó un artículo que se llamaba “La vida de los otros” en donde analizaba las implicancias culturales y reales de la sobreconexión de las sociedades actuales. Con ayuda de otro desarrollador, Felipe Lerena, pudo geolocalizar la direcciones IP (ponerlas en un mapa) y descubrió que había una dirección ubicada en la localidad de Rafaela, Santa Fe, que pertenecía a Cablevisión, y estaba transmitiendo: ¡era un maxikiosco! Este diario se comunicó con la empresa de cable, que recibió la información y jamás explicó qué había hecho con los datos. Las posibilidades de que esta información se use efectivamente en contra de los dueños de estas cámaras son bastante bajas, ya que las direcciones IP no se localizan en el mapa con exactitud en la mayoría de los países, pero abren el debate sobre las implicancias de vivir en público. Hay otra reflexión posible sobre el fenómeno: cuando un artículo se replica en miles de sitios web, éste pierde valor a medida que se difunde. Sin embargo, con el contenido interactivo la relación es inversa: mientras más se dispersa la noticia (en este caso sobre el mapa de cámaras interactivo) mayor es el valor del mapa. Ir a la fuente de origen es la única forma de acceder “realmente” a la noticia.


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/cdigital/31-212789-2013-01-29.html

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martes, 29 de enero de 2013

Google y la privacidad de nuestros datos, ¿cómo nos defiende el gigante?

Google y la privacidad de nuestros datos, ¿cómo nos defiende el gigante?La semana pasada os informábamos sobre el último informe de transparencia de Google. Unos datos poco alentadores que mostraban como habían aumentado el número de peticiones por parte de los gobiernos para acceder a nuestra información personal. Quizá por esta razón, el gigante ha querido aclarar de qué manera actúan ante estos requerimientos gubernamentales. Antes de ofrecer nuestra información y la privacidad de nuestros datos, Google revisa tres normas internas que deben cumplirse.

Aprovechando que hoy es el denominado Data Privacy Day, fecha señalada para reconocer la importancia de defender la privacidad de nuestros datos y la seguridad en la red, Google explica lo que ocurre cada día en la compañía.

Como otras empresas que ofrecen servicios online a los usuarios, Google recibe a diario decenas de cartas, faxes y correos electrónicos de los diferentes organismos gubernamentales y tribunales en el mundo. Todos ellos piden el acceso a la información de las cuentas privadas de algunos ciudadanos, normalmente en referencia a investigaciones internas de los gobiernos.

¿Y qué hace Google ante estas peticiones? Tal y como cuentan, mantienen un filtro interno activo con cada reclamación de los gobiernos. Una serie de reglas (3) con las que salvaguardar la privacidad de los usuarios intentando mantener un equilibrio entre las leyes de cada país y nuestros datos.

En primer lugar, explican que desde hace varios años han actualizado las leyes como la Electronic Communications Privacy Act de Estados Unidos. De esta manera, las mismas protecciones que se aplican a los documentos personales que podemos tener cada uno en nuestra casa, también se aplican en el espacio digital para los correos electrónicos o documentos online.

En segundo lugar, mantienen un estricto proceso de selección con cada solicitud. Cuando las agencias gubernamentales piden datos de los usuarios que tienen una cuenta de Google, el equipo de la compañía:
  • Examina cuidadosamente la solicitud para asegurarse de que cumple con la ley y las políticas de Google. Para que consideren que la petición es justa, debe existir un documento escrito y firmado por un funcionario autorizado de la agencia solicitante y expedido en virtud de una ley adecuada.
  • Se evalúa el alcance de la solicitud. Si es demasiado amplia, Google la puede rechazar o tratar de reducir la demanda. Este punto explican que es el más común de todos.
  • Llegado el caso, la compañía notifica a los usuarios acerca de la demanda legal en curso de su información privada. De esta manera alertan al usuario para que pueda comunicarse con la entidad que solicita los datos, o bien para consultar con un abogado. Google explica que esto no siempre es posible, principalmente porque existen leyes en los países que les a obligan a ofrecer esta información sin que el usuario lo sepa (ejemplo de la Patriot Act en Estados Unidos) .
  • Por último, se requiere que las agencias gubernamentales que realizan investigaciones penales utilicen una orden de registro para obligar al gigante a proporcionar la información privada de los usuarios almacenada en Google, Gmail o YouTube. De esta forma hacen un llamamiento a la Cuarta Enmienda en Estados Unidos, donde se prohíbe la incautación y búsqueda "irrazonable".
En tercer lugar, la compañía explica que ofrece toda la información sobre las solicitudes de los gobiernos a través de sus informes de transparencia.

Tres normas por las que los usuarios nos podríamos sentir un poco más seguros y por las que Google trata de asegurar que los gobiernos puedan llevar a cabo investigaciones legítimas mientras tratan de salvaguardar en la medida de lo posible la privacidad de nuestros datos.


Fuente:   http://alt1040.com/2013/01/privacidad-de-nuestros-datos-en-google

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Historia siniestra: La prensa canalla

La historia de la prensa canalla, por ejemplo en nuestro país (porque no es el único), es larguísima. Aunque con solo ubicarla en las últimas décadas podemos estremecernos. Un tipo de periodismo que jugó abiertamente con la dictadura, con el menemismo y sus monstruos, y que sigue jugando con la derecha siniestra que se opone a cada una de las medidas populares que toma el gobierno. No se trata solo de periodistas aislados, sino de una trama canallesca que se articula a manera de sistema o aparato.

La presidenta esta semana habló de la prensa canalla. Ante la descarada publicación de una falsa foto de Hugo Chávez en el diario El País de Madrid (el diario que se jacta de su manual de estilo pero no chequea fuentes; que despide masivamente periodistas; el que justificó el golpe del 2002 en Venezuela; el que está ligado al grupo Prisa, siempre contra los gobiernos populares en América Latina) ella simplemente tuiteó “prensa canalla”. Y digo simplemente porque todos sabemos a qué se refiere. Especialmente los organismos de Derechos Humanos lo saben muy bien.

Durante la más sangrienta dictadura de la historia Argentina, esta trama de prensa canalla participó activamente del golpe.  Mientras una parte del periodismo resistió de modos heroicos en ocasiones y en otras al menos dignos, otra parte, la canalla,  actuó sistemáticamente para legitimar el crimen: la desaparición forzada de personas, las torturas, los robos de bebés, el saqueo  del país a través de un plan económico que dejaría por décadas fuera de la vida vivible a millones de argentinos.

Hay mucho material, pero especialmente dos libros, que nos ayudan a recordar esta cuestión. Sintomáticamente fueron publicados en 1984 y en 1998. El primero, Los sofistas y la prensa canalla, del Cid Editor; el segundo, Decíamos ayer, La prensa Argentina en el proceso, de Colihue. En ellos se documenta el papel jugado por ciertos periodistas y medios con la dictadura. La Prensa canalla  focaliza en la editorial Atlántida de Vigil, y particularmente en las revistas Gente, Para Ti y Somos.

"Durante la más sangrienta dictadura de la historia Argentina, esta trama de prensa canalla participó activamente del golpe."

El primer libro no tiene un gran mérito analítico, pero con sólo ver juntas cada una de las notas en la cual una revista masiva como Gente, conducida por Samuel Gelblung durante toda la dictadura, despliega su arsenal simbólico destinado a negar el horror y a producir el terror es escalofriante. Allí se afirma que las denuncias en el extranjero sobre el accionar de la dictadura son una campaña de desprestigio. Gente, 10 de junio de 1976, "¿Quién está detrás de todo esto?" Gente hace una informe con las cartas recibidas de Suecia, Francia, de Alemania, de la Universidad de Bradford pidiendo la liberación de presos políticos, y afirma que todo es una “operación mentirosa, son cartas falsificadas por organizaciones terroristas”. La revista responde citando la voz de Videla y de Harguindeguy  pero tiene claramente una voz propia en el asunto, incluso en ocasiones yendo más lejos que los dictadores.

Durante páginas y páginas a través los años de la dictadura se habla de enfrentamientos, abatimientos, de inmoralidad de los terroristas, pero también de los militares como los salvadores del país ante el caos. Son aberrantes las notas de diciembre del 76 y del 77: "Las 76 caras del 76", lo mismo en el 77, que presentan las caras de los que “desde sus puestos trabajaron en favor del país”. Allí aparece  entre otros Jorge Rafeal Videla “la mayor responsabilidad, un ejemplo”.
"Durante páginas y páginas a través los años de la dictadura se habla de enfrentamientos, abatimientos, de inmoralidad de los terroristas, pero también de los militares como los salvadores del país ante el caos."

En una nota titulada "Moralidad, Idoneidad, Eficiencia", el 1 de abril de 1976 se dice que “La prolija operación militar del 24 de marzo fue largamente meditada” y se explican todas las razones por las cuales  la editorial Atlántida  va apoyar a la dictadura. Y esto se hace luego de una autocrítica (¡autocrítica!!!) en la editorial que se llama "Nos equivocamos", refiriéndose al acompañamiento que previamente habían hecho de López Rega. En esa editorial dicen: “El dramático proceso del país nos hizo crecer. Y de pronto advertimos que teníamos la obligación de interpretar la producción de noticias, de arriba para abajo. Que teníamos la obligación de hacer ideología y pecar por arbitrarios antes que por complacientes”. Hacer ideología fue hacer la ideología de la dictadura. Algo que hace muy poco Samuel Gelblung volvió a argumentar explicando que él había entendido que “había una guerra, y en esa guerra había elegido donde estar” (obviamente, del lado de los genocidas): “Soy responsable de todo lo que salió en Gente”. Gelblung es claramente responsable junto con otros de la las canalladas periodísticas sistemáticas de la dictadura. Junto, por ejemplo, a Hector D´Amico, actual jefe de redacción del diario La Nación, autor de la nota "Cómo viven los desertores de la subversión" de la revista Somos, en donde se habla de “centros de recuperación de detenidos”. Se sospecha que las fotos de la nota son de la Esma y que las citas de los “desertores” eran de los detenidos.

Gelblung es responsable de la nota Alejandra está sola, de la revista Gente, que se replicó con el título "A ellos nada les importaba Alejandra", en la revista Para Ti, como también en Somos "Los hijos del terror". En esas notas se utiliza la imagen de Alejandra Barry, muy chiquita, hija  de dos militantes que habían sido secuestrados y asesinados en la Operación Cóndor y la muestran como víctima de unos padres delincuentes, terroristas, monstruos como toda su generación, capaces de “fabricaba huérfanos”. Y que por supuesto, había que exterminar.  

Pero de la dictadura no sólo participó la editorial Atlántida. El diario Clarín, que el 24 de marzo tuvo como tapa el “neutral e independiente”  título de "Nuevo Gobierno", no sólo ocultó las torturas y desapariciones sino que además hizo negocios manchados de sangre con los dictadores, como el caso de Papel Prensa. En cada una de sus páginas asumió el relato de los dictadores afianzando su existencia como imposible de combatir. El diario actuó como una versión del Boletín oficial, idea presentada excelentemente por Blaustein y Zubieta en Decíamos ayer.

Luego, durante el menemismo, fue artífice de la revisión de la ley de Radiodifusión de la dictadura que le permitió transformarse en un multimedio que, entre otras mentiras, durante la presidencia de Duhalde, hizo la tapa con la infame frase "La crisis causó dos nuevas muertes".

Por el mismo camino, el diario La Nación, tribuna histórica de la derecha, durante la dictadura claramente apoyó su modelo económico y cultural (moral, lo llamaron) y jamás denunció ni las torturas ni las desapariciones. Cada una de sus páginas mostró la comodidad con la dictadura y su modelo de país: era el de ellos.

Entre la lista de periodismo canalla imposible de agotar en una nota de estas características, tienen un lugar destacado periodistas como Bernardo Neustad, Mariano Grondona o Joaquín Morales Solá, dándole la bienvenida a los asesinos, el martes 8 de junio de  1976, en La Gaceta de Tucumán.

También diarios absolutamente reaccionarios como La nueva provincia, de la familia Massot. Este diario llegó a publicar, como parte de las operaciones de Inteligencia, información arrancada en sesiones de tortura a los militantes. La línea editorial de este periódico de Bahía Blanca se permitió utilizar como fuente a las cámaras de tortura durante la dictadura y en democracia siguió y sigue defendiendo a través de sus editoriales la represión. En 2012, terminado el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en la ciudad de Bahía Blanca, se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La nueva Provincia  legitimando el terrorismo de estado. Así el Tribunal habló de “propaganda negra” -en alusión directa a las operaciones de consolidación de terror sobre la población- y de cómo el diario participó activamente en la construcción del “enemigo”, cooperando con el Ejército y la Armada en el de exterminio de un sector de la sociedad.
"No estamos sólo ante un periodismo que ha silenciado, o que le faltó crítica (que por supuesto merecerían la condena ética y profesional) sino que estamos antes actores que han participado en hechos delictivos, en operaciones criminales."

En resumen, no estamos sólo ante un periodismo que ha silenciado, o que le faltó crítica (que por supuesto merecerían la condena ética y profesional) sino que estamos antes actores que han participado en hechos delictivos, en operaciones criminales.Y que no sólo no han hecho una autocrítica sino que siguen defendiendo sus posiciones contra las políticas populares de un gobierno democrático.

Para la continuidad en democracia
 
Este aparato periodístico pro-dictadura no desapareció con la democracia. Durante la larga década de los noventa, donde el saqueo se profundizó, no sólo no fueron juzgadas sus responsabilidades sino que el rol espantoso que habían jugado se consolidó.    Transformados en medios monopólicos, fueron más que la voz de la derecha: fueron y son la derecha. Ocuparon un lugar central para la afirmación de tres nudos fundamentales para el éxito de  las políticas neoliberales: primero, supieron ser los operadores discursivos de la desaparición de los horrores del pasado para invisibilizar los horrores de ese presente; luego, moldearon simbólicamente las nuevas políticas represivas contra los sectores populares a través de la criminalización de la pobreza y la protesta social (ya que empezamos hablando de libros, cito entre cientos La palabra de los muertos del Juez Zaffaroni); finalmente, participaron de manera activa en el derrocamiento de la política como opción de transformación.
"La prensa canalla ha actuado con absoluta impunidad durante décadas amparándose en la mentira de su inmaculada concepción y la hipocresía de la llamada opinión pública. Pero comenzó a encontrar sus límites en Argentina a partir del proceso abierto en el 2003."

En esta descripción, no hay que dejar de lado que el aparato mediático reaccionario no actuó ni actúa jamás solo, sino que lo hace en una clara red de relaciones. Sería ingenuo y equivocado no ver sus plataformas comunes sostenidas en ejes programáticos compartidos. En este sentido, las reuniones periódicas y públicas de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, que nuclea a los dueños de los medios impresos del continente -y que en la casi absoluta mayoría de los casos son dueños también de otro tipo de medios- tienen siempre como corolario alguna conclusión adversa a la intervención de los estados con gobiernos populares. La SIP, que se autoproclama la voz autorizada en problemáticas de libertad de expresión, es un cartel de propietarios de medios que nació en el marco de la Guerra fría asociada a la CIA para protagonizar la defensa de los poderes imperiales. Han sido largamente documentadas sus acciones en toda la región de desestabilización y golpismo en las dictaduras, en las cuales muchos periodistas fueron perseguidos y asesinados.

Al desnudo, justicia
 
La prensa canalla ha actuado con absoluta impunidad durante décadas amparándose en la mentira de su inmaculada concepción y la hipocresía de la llamada opinión pública. Pero comenzó a encontrar sus límites en Argentina a partir del proceso abierto en el 2003. De la mano de una política de estado de verdad, memoria y justicia, que comenzó juzgando responsabilidades militares pero avanzando también  sobre las responsabilidades civiles entre las que sin duda están las de  este periodismo que se resiste a aceptarlas.

Estos límites a su la impunidad se están dando también en América Latina gracias a los procesos de recuperación de la política en toda la región a favor de los intereses de las mayorías. Por eso están tan nerviosos.


Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201301/5835-la-prensa-canalla.html

"De La Sota vuelve a tomar una medida arbitraria contra la TV Digital Abierta porque defiende los intereses de Clarín"

 

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, consideró hoy que la clausura de la antena de la TV Digital Abierta (TDA) en la ciudad de Leones, Prov. de Córdoba, se debe a que "De La Sota vuelve a tomar una medida autoritaria e injustificada porque defiende los intereses de Clarín".

"Como hizo en el caso de la antena de Río Cuarto, otra vez el gobernador vuelve a censurar a los cordobeses, en este caso de Leones y alrededores -Bell Ville, Inriville, Marcos Juárez, Monte Buey, Monte Leña, Noetinger, Saira, Saladillo, San Marcos y Villa Elisa-, impidiendo que puedan acceder de manera a gratuita a más de 20 señales, tanto de alta resolución como estándar, en las que se transmiten una diversidad de propuestas informativas, culturales, deportivas, educativas", señaló De Vido y explicó "lo que verdaderamente le preocupa son los contenidos porque expresan una pluralidad de voces".

En consecuencia, el ministro adelantó que "realizaremos todas las acciones que corresponda, tanto en lo administrativo como judicial, para defender el derecho de los ciudadanos de Leones y alrededores de acceder a la TV Digital Abierta y gratuita para que no se les cercene un derecho fundamental como es la libertad de expresión".


Fuente: http://www.tda.gob.ar/notas/3760-de-la-sota-vuelve-tomar-una-medida-arbitraria-contra-la-tv-digital-abierta-porque-defiende-los-intereses-clarin-

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lunes, 28 de enero de 2013

Sabbatella retrucó críticas opositoras: “Hablan sin saber nada”


Legisladores de la oposición criticaron la resolución de la Afsca, ofreciendo acceso libre y gratuito al Banco Audiovisual de Contenidos Audiovisuales Argentino (Bacua) a todos los medios que no puedan cumplir la cuota mínima de producción local que demanda la ley de medios. El diputado radical Ricardo Gil Lavedra denunció la creación de un “monopolio gubernamental” y su par del peronismo disidente, Gustavo Ferrari afirmó que el Gobierno desea “un mensaje único, acorde con la política oficial, con el discurso o con el relato oficial”. El titular de la Afsca, Martín Sabbatella defendió la pluralidad del banco de datos que “ofrece contenidos de enorme calidad” que “han logrado reconocimientos en el mundo”. Explicó el proceso por el cual se produce el material que compone el Bacua, y concluyó que quienes lo cuestionan “no tienen ni idea de lo que hablan” y “ni siquiera se fijaron en Internet cuáles son los contenidos o a qué actores y directores están acusando”.

La resolución 2368/12 de la Afsca, publicada el pasado 21 de enero en el Boletín Oficial, permite acceder de manera “libre y gratuita” al Bacua y al Centro de Producción e Investigación Audiovisual (Cepia), con el fin de reemplazar la generación de contenidos propios con cuotas mínimas de “producción local independiente” que establece el artículo 65 de la ley de medios. Gil Lavedra interpretó el jueves pasado que la resolución “revela todo aquello que muchos temieron con la sanción de esta ley, que es el reemplazo del monopolio privado por el monopolio gubernamental”. Su correligionario, el senador Ernesto Sanz sumó sus críticas ayer al considerar que no se busca “democratizar”, sino “imponer los contenidos del Gobierno y generar un monopolio estatal para imponer todas las mentiras”. Desde el peronismo disidente, el diputado Gustavo Ferrari coincidió en que “se intenta que exista un mensaje único, acorde con la política oficial, con el discurso o con el relato oficial”. Ironizó que “generosamente Sabbatella pone a disposición de los nuevos medios contenidos kirchneristas”. También opinó el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Gerardo Milman, quien sostuvo que se “obliga a los medios de comunicación que no tienen capacidad para producir contenidos” para “que todos veamos lo que la señora Presidenta (Cristina Fernández) y sus ministros nos quieren relatar”.

“Creo que sencillamente no tienen ni idea de lo que están hablando”, respondió Sabbatella, quien detalló el proceso de selección del material que compone el banco de datos, donde hay “casi cien jurados que intervienen en la evaluación de más de dos mil propuestas audiovisuales de realizadores de todo el país”. El Bacua forma parte de una doble política de desarrollo de la industria audiovisual: por un lado se incentiva la producción y, por el otro, se ensambla un circuito de difusión del material.

Los proyectos son presentados en los concursos públicos que lanza el Consejo Asesor para la Televisión Digital Abierta –que responde al Ministerio de Planificación– en conjunto con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). La selección de los ganadores, que se publica en el Boletín Oficial, la realiza un cuerpo de guionistas, productores, directores y actores. En la primera convocatoria se recibieron más de 1200 proyectos, sobre los que 92 jurados escogieron 149. Los mismos tuvieron tutoría y capacitación técnica parta asegurar un alto nivel de calidad en los productos. Varias de estas producciones recibieron reconocimiento internacional, como es el caso de la ficción Televisión x la Inclusión, galardonada con un Emmy a las actuaciones de Darío Grandinetti y Cristina Banegas. En el Bacua se recopila todo el contenido y se pone a disposición de señales privadas y públicas de todo el país. El catálogo que ofrece es de una amplia variedad y los medios locales tienen libertad para elegir sin restricciones.

Sabbatella expresó que “hablar de contenidos kirchneristas o de relato oficialista es una falta de respeto” y “da vergüenza que ni siquiera se fijaron en Internet cuáles son los contenidos que cuestionan o a qué actores y directores están acusando”. Destacó que “el fomento a la industria audiovisual que realiza el Estado nacional genera más empleo para actores, directores, productores y técnicos”, y dio cuenta de que “las cosas que financia el Estado, desde una producción audiovisual hasta el sueldo de un docente, no son gubernamentales ni oficialistas sino estatales y públicas”. Concluyó que “es una decisión que nos enorgullece porque no sólo ayuda a los medios a cumplir con lo exigido por la ley de medios, sino que genera un circuito virtuoso para que los excelentes contenidos audiovisuales del Bacua tengan pantalla”.


Informe: Juan Manuel Frías, en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212718-2013-01-27.html

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El País sigue la línea editorial de toda la gran prensa española

Han surgido análisis de fondo respecto a la "canallada" del diario El País, que trascienden el error informativo de no chequear la fuente y apuntan a la línea editorial carroñera desarrollada por muchos medios reaccionarios a los procesos de cambio que vive Nuestra América. A continuación, la opinión del director del diario más leído en Venezuela.


El periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel manifestó que la publicación de una fotografía falsa del presidente Hugo Chávez Frías por parte del diario El País obedece a la política editorial de toda la gran prensa española, y no se trató de un error involuntario.

En su columna Los Domingos de Díaz Rangel, que se puede leer este domingo en el diario Últimas Noticias, el comunicador social puntualizó que la colocación en primera página de una información como esta siempre exige la autorización del director del rotativo o de algún alto ejecutivo de su redacción.

"Lo que hicieron con esa fotografía fue una canallada", resaltó. "No se trató de algo excepcional, de un involuntario error", advirtió.

Díaz Rangel, quien dirige Últimas Noticias, citó a Pascual Serrano y su escrito Desinformación: Cómo los medios ocultan el mundo para recordar que se trata de una "equivocada línea de información sobre Venezuela, Chávez y su Gobierno", en aplicación desde hace años.

"La mayor cantidad de falsedades en el mundo entero, quizás exceptuando Venezuela, la han difundido los medios españoles, en alto porcentaje elaboradas en Miami (Estados Unidos)", alertó. Esta línea editorial se extiende a la cadena Ser, la mayor de España, y a la televisión.

En ese sentido, refirió las afirmaciones de Serrano: "La información sobre Venezuela ha superado los límites de la obcecación mediática contra un gobernante, pulverizando los libros de estilo, los códigos éticos y los principios deontológicos del periodismo".

Para Díaz Rangel, esa política se inició "en forma descarada en El País en 2002. Desde entonces no ha tenido descanso y se ha reavivado en ocasión de cada elección, cuando sus pronósticos han sufrido tantas derrotas como la oposición venezolana, y ahora, con motivo de la enfermedad y convalecencia de Chávez, sin respetar los más elementales principios éticos ni la dignidad del paciente".

Además, estimó que esta vez el periódico español se excedió y tendrá que correr con las consecuencias: el desprestigio, su pérdida de credibilidad y los efectos de la demanda que introducirá el Gobierno venezolano.

El periodista se preguntó también qué pasara con el Libro de Estilo de El País, que fue motivo de estudio en las escuelas de periodismo de América Latina y ahora ha sido abiertamente violado por el mismo diario.


Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/d%C3%ADaz-rangel-advierte-que-pa%C3%ADs-sigue-l%C3%ADnea-editorial-toda-gran-prensa-espa%C3%B1ola

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La Defensoría del Público y TDA trabajarán conjuntamente la temática de la accesibilidad

Así lo acordaron el coordinador de la TDA, Osvaldo Nemirovsci, y la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, en una reunión que mantuvieron ayer para coordinar la agenda de trabajo de este año, en la que se priorizará la temática de la accesibilidad de las personas con discapacidad a la TV Digital Abierta. 

En ese sentido, los organismos firmarán una carta de intención, que posteriormente Nemirovsci elevará al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para formalizarla en un convenio, con la intención de iniciar acciones conjuntas que faciliten desde lo tecnológico, médico y social las condiciones de acceso e inclusión al principal medio de comunicación del país.

Asimismo, durante la reunión que tuvo lugar en las oficinas de la TDA, Ottaviano y Nemirovsci trataron temas vinculantes a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y  coincidieron en que la vigencia de esta normativa “ha tenido un profundo impacto social, económico y cultural logrando hacer de la radiodifusión un espacio más inclusivo, accesible y federal”.

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domingo, 27 de enero de 2013

Por qué la Ley de Medios de Argentina es referencia fundamental para América Latina

I – Introducción
El actual proceso de transformaciones políticas, socioeconómicas y culturales en América Latina tiene, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, uno de sus marcos más significativos.  Por primera vez en la historia de la región, un país formula, aprueba y hace cumplir una legislación que protege y valoriza la diversidad informativa y cultural, a través de un marco regulatorio democráticamente discutido e instituido.
Nuestro objetivo, en el presente artículo, es poner en evidencia la importancia de la legislación argentina como fuente de inspiración de medidas antimonopólicas al alcance de los demás gobiernos progresistas latinoamericanos, en sintonía con la agenda de reivindicaciones  de entidades y movimientos sociales que defienden la comunicación como derecho humano.
Lo que parecía ser un ideal distante, casi impracticable, se convirtió en una certeza que comenzó a esparcirse por el continente.  Se trata de un proceso que hace converger las voluntades transformadoras de los estados con la de amplios segmentos de la sociedad civil.
La nueva ley trajo el convencimiento de que es viable el conocido dicho “otra comunicación es posible”, descentralizada y plural, conquistada de forma equilibrada y participativa.
El texto que se presenta a continuación está dividido en dos partes.  En la primera se focaliza en el cuadro de concentración de medios de América Latina y sus implicancias, con el propósito de situar en un contexto adverso que llevó a gobiernos progresistas a intervenir, con diversa intensidad según cada país, en los sistemas de difusión.
En la segunda parte, se aborda la correspondencia entre las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las aspiraciones sociales en torno a una comunicación más democrática.  Se apuntan medidas, reclamadas o en preparación en otros países, que se materializan, pioneramente, en la legislación argentina, lo que la transforma en una referencia obligatoria.
II – El escenario que debe cambiar
Para evaluar la pertinencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como instrumento de reestructuración de los sectores de la información y la cultura en moldes mas pluralistas, es esencial explicitar el intrincado escenario mediático de América Latina.
La últimas décadas acentuaron la concentración de medios latinoamericanos en un puñado de megagrupos.  Ese modelo de concentración prosperó en medio de la convergencia de los sistemas, redes y plataformas de producción, transmisión y recepción de datos, imágenes y sonidos.  La digitalización extendió y extiende el acceso a las tecnologías a franjas más amplias de la sociedad –aunque de manera bastante desigual- e impulsa el crecimiento de la oferta de productos y servicios en diferentes plataformas, redes, canales y soportes digitales, sobre el control estricto de grupos nacionales y trasnacionales.  Los focos de las políticas de comercialización se expanden ininterrumpidamente de los mercados consumidores, disminuyendo los costos industriales y produciendo enormes ganancias en productividad a través de las economías de escala.
La expansión de las industrias de medios en América Latina se vincula históricamente a intereses privados y trasnacionales, favorecidos por la fragilidad de los mecanismos de regulación y control de los flujos audiovisuales y del capital que cruzan fronteras por satélites y redes infoelectrónicas.  La baja inversión de los gobiernos en tecnología y producción cultural, las políticas públicas inconsistentes o inexistentes y la inercia regulatoria apartaron al Estado del protagonismo en las áreas de la información, el entretenimiento y las telecomunicaciones.
Las desregulaciones y privatizaciones neoliberales durante los años 1980 y 1990 favorecieron la acumulación de la propiedad, de los medios y las tecnologías, permitiendo la constitución de verdaderos latifundios mediáticos, que exploran simultáneamente las cadenas de producción, distribución, circulación y consumo de datos, sonidos e imágenes, en busca de dividendos competitivos y lucros acelerados (Moraes, 2011: 33-34).
En la escalada de la internacionalización, corporaciones trasnacionales como News Corporation, Viacom, Time Warner, Disney, Bertelsmann, Sony y Prisa adquirieron activos de medios y/o establecieron acuerdos con grupos multimediáticos regionales, ampliando exponencialmente sus actuaciones multisectoriales en los mercados para sus productos y servicios.  El resultado no podría ser diferente: 85,5% de las importaciones audiovisuales de América Latina provienen de los Estados Unidos.  Mensualmente, 150 mil horas de films, series y eventos deportivos norteamericanos son presentados en las emisoras de televisión de nuestro continente (Moraes, 2006:46).
Para los cuatro mayores conglomerados latinoamericanos –Globo de Brasil; Televisa de México; Cisneros de Venezuela y Clarín de Argentina-, estas asociaciones representan la posibilidad de entrecruzar negocios y establecer alianzas con los actores de mayor peso del plano internacional, que les ofrecen lógicas sólidas, financiamiento e inserción en el mercado (Bustamante, 2009: 79-80).
Globo, Televisa, Cisneros y Clarín retienen el 60% de la facturación total de los mercados y de las audiencias, distribuidos de la siguiente manera: Clarín controla el 31% de la circulación de los diarios, el 40,5% de la TV abierta y el 23,2% de la TV de pago; Globo responde por el 16,2% de los medios impresos, 56% de la TV abierta y el 44% de la TV de pago; Televisa y TV Azteca forman un duopolio, acumulando el 69% y el 31,37% de la TV abierta, respectivamente.  Brasil, México y Argentina reúnen más de la mitad de los diarios y emisoras de radio y televisión y el 75% de las salas de cine de la región.
Entre los impactos más graves de la concentración mediática en América Latina se puede apuntar: las políticas de precios depredatoria destinadas a eliminar o a restringir severamente la concurrencia, los controles oligopólicos sobre la producción, distribución y difusión de contenidos; y la acumulación de patentes y derechos de propiedad intelectual por parte de los grupos empresariales.  Hay también el riesgo de unificación de las líneas editoriales y de predominio de las ambiciones empresarias por encima de los intereses del conjunto de la sociedad.  Las conveniencias corporativas se basan frecuentemente en estrategias de maximización de la ganancia, sin prestar mayor atención a la formación educativa y cultural de la audiencia y, menos aún, a los valores y sentidos de pertenencia que conforman las identidades nacionales y regionales.
III- La Ley que impulsó “otra comunicación es posible”
En los últimos años, gobiernos electos con el compromiso de revertir desigualdades e injusticias sociales –agravadas por la sumisión de sus antecesores a los dictámenes del neoliberalismo-, incluían la democratización de la comunicación entre sus prioridades.
Entre estos gobiernos existe un consenso acerca de que es indispensable la participación del poder público en los sistemas de información y difusión cultural, a partir de entender lo que las cuestiones comunicacionales dicen respecto a los intereses colectivos.  No pueden limitarse a las voluntades particulares o a los cálculos corporativos, pues incluyen múltiples puntos de vista existentes en la sociedad.
La acción regulatoria del Estado debe velar por el equilibrio entre lo que debe ser público y lo que debe ser privado, inclusive explicando a la población que las empresas de radio y televisión no son las propietarias de las frecuencias, sino que apenas son concesionarias de un servicio público con plazos establecidos por la ley, pudiendo ser estos renovados, o no.
Un hecho alentador es la concreción de alguna de estas premisas en políticas públicas de comunicación, incluyendo medidas para deshacer los monopolios de las empresas de radiodifusión; apoyar medios alternativos y comunitarios; incentivar la producción audiovisual independiente, garantizar mayor ecuanimidad en los accesos al conocimiento de las tecnologías y promover la generación y distribución de contenidos regionales y locales sin fines comerciales.
La Ley de Comunicación Audiovisual de la Argentina se proyecta como un instrumento innovador de regulación, fiscalización, fomento y diversificación de las actividades informativas y culturales.  Los cambios introducidos por la normativa tienen como supuesto el entender a la comunicación como derecho humano y no como mero negocio.  Los principios antimonopólicos tienden a garantizar la pluralidad de voces y la horizontalidad informativa, fijando un marco regulatorio completo para la comunicación mediática, incluyendo la convergencia digital entre la TV de cable, la telefonía y la Internet en un régimen que otorga licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias.
Son varios los puntos de identificación entre la legislación argentina y los anhelos de los organismos y movimientos sociales que reivindican una comunicación democrática en América Latina.  El primer ítem a destacar es la metodología adoptada por la presidenta Cristina Kirchner para la definición del anteproyecto de ley.  Las consultas públicas a los sectores representativos de la sociedad civil consagrando un proceso democrático de diálogo,  consulta y negociación ético-político entre los actores involucrados.  La propia Cristina presidió reuniones en la Casa Rosada con empresarios, líderes sindicales y estudiantiles, propietarios de empresas de comunicación, productores independientes, rectores de universidades, directores y profesores de facultades de comunicación, líderes de iglesia y de asociaciones de radios y televisoras comunitarias; para presentar ideas y recibir sugerencias.  Sin contar el sinnúmero de debates sobre la Ley promovidos en todo el país por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos, asociaciones profesionales, universidades, emisoras comunitarias y movimientos de derechos humanos).
Al aceptar gran parte de los 21 Puntos defendidos por la Coalición, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se tornó expresión de una voluntad social más amplia que la exclusiva visión del gobierno que la propuso y que después la sancionó.  La incorporación de las propuestas de la Coalición fue reconocida –a través de una carta a la presidenta Cristina Kirchner por entidades que actúan a favor de la democratización de la comunicación en América Latina como lo son la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER); la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC); la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de  Comunicación (OCLACC) y la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). (1)
La Ley de Medios recogió una reivindicación consensuada por la mayoría de los países latinoamericanos, al definir, en condiciones equitativas, tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión para la concesión pública: de gestión estatal (medios públicos); de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales; entidades sociales y comunitarias; sindicatos; fundaciones).  Este punto es decisivo para revertir el predominio del sector privado comercial en el sistema de medios, pues establece equidad en términos de acceso, participación, prerrogativas y representatividad entre las tres instancias mencionadas.  La pertinencia de esta y otras determinaciones de la ley fue reasaltada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), que reúne a 3.000 asociados en 110 países (18 de ellos en América Latina y el Caribe):
Uno de los notables aspectos es el establecimiento de diversas y efectivas medidas para limitar e impedir la concentración indebida de medios.  Entre ellas, los límites a la cantidad de licencias que puede tener una misma persona o empresa (a nivel nacional o en una misma área de cobertura) y los límites a la propiedad cruzada de medios, en consonancia con las mejores prácticas internacionales.  Con el objetivo de promover la diversidad de contenidos nacionales y locales, la nueva legislación argentina recoge antecedentes de países europeos y también americanos al incluir exigencias mínimas de producción nacional, local y propia, bien como condiciones para la formación de redes de emisoras, para limitar la centralización y la uniformización de la programación de unos pocos grupos empresariales de capital federal en todo el país.  Otro aspecto a destacar es el reconocimiento expreso de tres sectores: estatal, comercial y sin fines de lucro, garantizando la participación de las entidades privadas sin fines de lucro, al reservar para ellas el 33% del espectro radioeléctrico. (2)
La influencia inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puede ser comprobada a partir de ver propuestas semejantes en los proyectos de los gobiernos del Ecuador y del Uruguay.  En ambos casos, la revisión de la propia radiodifusión se inspira, de alguna manera, en la legislación argentina, inclusive con la metodología de consultas a la sociedad civil como para la formulación de los respectivos anteproyectos.
El Gobierno de Venezuela viene modificando los criterios y las prioridades legales para la concesión de licencias de radio y televisión.  El objetivo es reequilibrar la radiodifusión entre los sectores estatal, privado y social, tomando como base la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.  El ex Ministro venezolano de Comunicación e Información, Andrés Izarra, “... en la Argentina la legislación es más avanzada que la de Venezuela: un tercio del espacio radioeléctrico va para las comunidades organizadas, para las organizaciones no gubernamentales”. Y agrega:
La Ley argentina da legitimidad al reclamo de uso del espacio radioeléctrico por parte de los medios alternativos. Creo que eso va a ser muy positivo para la Argentina, porque pone al país en sintonía con estos tiempos. El espacio ya no es apenas de la oligarquía ni del sector privado, se está democratizando. Es un factor común para todos nuestros procesos. Aparecen nuevos actores que antes ni soñaban con estar en la comunicación. (3)
Asimismo, en Brasil, donde prácticamente nada fue hecho durante los ocho años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y los dos iniciales de Dilma Rouseff para modificar la anacrónica legislación de medios, la ley argentina constituye una referencia indiscutible con vistas a cambios en la radiodifusión.  Eso puede ser constatado por la similaridad observada en muchas propuestas aprobadas en la Conferencia Nacional de Comunicación de 2009 y hasta hoy no efectivizadas por el gobierno federal.  En el manifiesto en defensa de la democratización de la comunicación, divulgado el 2 de abril de 2011, entidades nacionales, entre ellas la Central Única de Trabajadores, la Federación Nacional de Periodistas, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y AMARC-Brasil, mencionan explícitamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: “Sigamos los ejemplos de experiencias victoriosas de movilización por la reforma del sistema de medios en América del Sur, como ocurrió en la Argentina, donde la sociedad organizada consiguió ser un actor decisivo en la propuesta de reformar la legislación”.(4)
Por lo expuesto, concluimos que la ley de comunicación audiovisual de la Argentina es la prueba de la viabilidad de un marco regulatorio avanzado: “tanto por el contenido democrático que expresa, como por el proceso de consulta popular que orientó su elaboración”, como declaró el relator de la Comisión de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue.(5) Además de leyes que impidan prácticas monopólicas, la reconfiguración de los sistemas de comunicación en América Latina depende de políticas públicas consistentes, debatidas y formuladas en sintonía con las demandas de la sociedad civil; tanto se trate de instrumentos legales como de la determinación para llevar a la práctica las medidas de descentralización de los medios.  No basta con tener principios democráticos generales, sino haber tomado la decisión institucional de hacer valer las normas, regulaciones y los procedimientos que garantizan su aplicación.
En ese sentido, es conveniente que los gobiernos de los países vecinos avalen el trabajo que lleva adelante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Organismo Público creado por la nueva legislación argentina y con incumbencia para fiscalizar el cumplimiento de sus deliberaciones y fomentar la producción cultural comunitaria e independiente.
Finalmente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual expone, de manera paradigmática, las exigencias ineludibles de la voluntad política de los gobernantes y del respaldo popular que se necesitan para llevar adelante estos cambios, dado las sistemáticas campañas opositoras de los medios y de las elites conservadoras.  Las corporaciones resisten y resistirán someterse a las restricciones legales que afectan privilegios conquistados en décadas de complicidad con sucesivos gobiernos.  Eso explica las medidas cautelares que el grupo argentino Clarín para intentar impedir la aplicación completa de la Ley de Medios.  Lo que hace suponer que será preciso empeñar cada vez más fuerza en las batallas mediáticas, de forma de esclarecer a la opinión pública e impedir que prosperen argumentos generalmente falsos sobre las transformaciones realmente necesarias en el horizonte comunicacional.
Los avances en la Argentina ponen de relieve el papel regulador y activo que el Estado precisa desempeñar en la vida social, para lograr, dentro de las reglas de la democracia, legislaciones antimonopólicas, universalizar el acceso y la información e intentar detener la avasalladora concentración de los medios.  Para América Latina como un todo, significa la oportunidad histórica de analizar y absorber lecciones de la Ley de servicios de Comunicación Audiovisual, en la búsqueda de legislaciones, que teniendo en cuenta las especificidades de cada país, resguarden y estimulen la diversidad informativa y cultural, a partir del reconocimiento de su esencia para poder profundizar la democracia. 
(Traducción de Mariana Baranchuk).
- Denis de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor e investigador de la Universidad Federal Fluminense, em Brasil. Autor, entre otros libros, de La cruzada de los medios en América Latina (Paidóis, 2011) y Mutacionos de lo visible: comunicación e procesos culturales en la era digital (Paidós, 2010). El presente texto es parte de su artículo “La mirada desde América Latina” publicado en el libro Ley 26.522: hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, coordinado por Mariana Baranchuk y Javier Usé (Buenos Aires, Autoridad Federal de Servicios de Comunicacióbn Audiovisual/Universidad Nacional Lomas de Zamora, 2011).
NOTAS
(1) La carta enviada a Cristina Kirchner, el 23 de marzo de 2009, está disponible en: http://alainet.org/active/29629
(3) Entrevista de Andrés Izarra a Mercedes López San Miguel “En Argentina la ley sobre los medios es más avanzada que en Venezuela”, 21 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=print&sid=5603
 (4) El manifiesto en favor de la democratización de la comunicación en el Brasil está disponible en:http://www.cut.org.br/acontece/20518/frente-parlamentar-pela-liberdade-de-expressao-e-o-direito-a-comunicacao-sera-lancada-dia-19
(5) Entrevista a Frank La Rue. Disponible en el site “Hablemos todos” http://www.argentina.ar/hablemostodos/
Fuente: Dênis de Moraes, en http://alainet.org/active/61175

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