(Por Leandro Renou) Lo hizo a través de un escrito enviado al juez Alfonso Ziulu, en el
que solicita el cese de las cautelares que le exigen la reducción del
valor del abono básico del cable, porque de lo contrario quebrará y
dejará de prestar el servicio
Más allá de las diferencias ideológicas y las disquisiciones
políticas en el marco de los debates parlamentarios, lo que debería
primar entre los sectores en pugna debería ser cierto grado de
coherencia con las causas que se defienden y se atacan. En los últimos
15 días, y al calor del debate del proyecto de ley de reforma de la
justicia, quedó en evidencia una posición corporativa de algunos
sectores de la oposición, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y
de grupos de medios como Clarín, los que manifestaron su rechazo, con
sus argumentos e intereses, a la iniciativa que ideó el kirchnerismo.
Paralelamente a esta posición monolítica –que puso como eje de la
discordia las supuestas presiones futuras del Ejecutivo sobre los jueces
y cruzó duro respecto de los nuevos plazos para las medidas cautelares
de la reforma–, uno de esos sectores críticos a la nueva norma hacía,
por otro lado, todo lo contrario a lo que pedía en público sobre el
mismo tema: el respeto a la justicia.
Es que Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín, acechada por
distintas sentencias en la provincia de Buenos Aires que la obligan a
facturar el servicio básico en $ 130 mensuales, tal como ordenó el
Estado en lugar de los más de $ 250 actuales, salió a presionar fuerte a
los magistrados que fallaron en su contra.
Y el término "fuerte" no es decorativo: la cablera amenazó con irse
a la quiebra si los jueces no dejan sin efecto los fallos favorables a
las cautelares que limitaron las tarifas. También aseguraron que
echarían a toda la plantilla de trabajadores, planteo que desarrollan
buscando arrastrar al sindicato de la actividad a pelear a favor de los
intereses de su empleador, aunque sea contra la justicia. Concretamente,
la cablera pide suspender el proceso normal de la justicia por
considerar que los fallos afectan su estructura económica, una premisa
por lo menos cuestionable a la hora de ver las enormes rentabilidades
que ha obtenido la empresa sobrefacturando.
El pasado 8 de marzo, el letrado patrocinante de Cablevisión, José
Francisco Sánchez Peralta, envió al Juzgado Federal 2º de La Plata, a
cargo de Adolfo Ziulu, un escrito de 15 páginas en el que asegura que el
cumplimiento de las resoluciones tarifarias de la Secretaría de
Comercio Interior, "implica poner en riesgo la propia existencia de
Cablevisión como empresa". En la nota, a la que accedió Tiempo
Argentino, el abogado de la empresa asegura que "dicho de manera simple,
si Cablevisión debe cobrar el precio fijado por la Secretaría de
Comercio Interior, su negocio se torna inviable", y si esto sucede, "los
usuarios se quedarán sin poder acceder al servicio de televisión por
cable e Internet". Este último servicio está prestado por Fibertel, una
empresa de Clarín a la que el gobierno denunció por operar con una
licencia vencida pero contra la cual nunca logró avanzar en una
investigación judicial seria.
El texto de presión a los magistrados tiene una particularidad: fue
enviado un mes antes, el pasado 4 de abril, de que la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata le rechazara a Cablevisión un recurso
extraordinario para evitar corregir su tarifa.Es decir, Cablevisión
buscó presionar con un supuesto colapso económico y pérdida de puestos
de trabajo para revertir una decisión judicial que se dio, en todas las
instancias, a favor de los usuarios bonaerenses.
La causa se inició el año pasado, cuando el defensor del Pueblo
bonaerense, Carlos Bonicatto, inició una acción colectiva en
representación de los más de un millón de clientes de Cablevisión en la
provincia para que se respete la tarifa asignada. La acción surgió de
más de 60 denuncias formales (hubo muchas anónimas) y pedidos de
intendentes y legisladores. Cabe destacar que Cablevisión incumple más
de diez fallos judiciales por tarifas en su contra emanados de juzgados
de diversos puntos del país, y afronta amparos pedidos por más de 17
municipios bonaerenses. Además, la oficina que conduce Bonicatto inició
acciones similares contra Telefónica y DirecTV por cuestiones vinculadas
al servicio que prestan.
La nota de Cablevisión a la justicia asegura que los tribunales
nunca analizaron los costos del servicio para saber si se puede o no
establecer una tarifa de $ 130 mensuales con algo de renta. Y solicita
que mientras tanto "se suspenda el cumplimiento de la medida cautelar
(…) a fin de evitar que el negocio de Cablevisión se torne inviable".
Asimismo, y mostrando un comportamiento binario respecto a las
cautelares, Cablevisión le dice a los jueces que "ratifica la plena y
efectiva vigencia de la medida cautelar colectiva obtenida por la
Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), en la Justicia
Federal de Mar del Plata", la única decisión judicial a favor de la
empresa.
El tema de los costos es una verdad a medias: desde la Asociación
de las pymes de TV por cable se dijo en repetidas oportunidades que se
puede prestar –y ellas lo hacen– igual servicio que Cablevisión por la
tarifa exigida por Comercio Interior, y con muchos menos clientes. Y,
además, la falta de información sobre los costos del servicio es
responsabilidad de la compañía, y luego del Estado, ya que la firma
nunca envío el detalle tantas veces pedido por la secretaría que conduce
Guillermo Moreno.
La carta a la justicia asegura que, por no considerar el Estado
costos extra del servicio –que la empresa se negó a informar– la empresa
estaría resignando "$ 1.228.356.892 en el año 2010", suma que "hoy es
bastante mayor", por cobrar $ 130 en lugar de los $ 250 que factura
mensualmente. Asimismo, la cablera de Clarín afirma que “si el balance
de Cablevisión al 31/12/2010, que arrojó un resultado positivo de $
660.153.646, se le aplica la fórmula matemática prevista por la
Resolución 50 (el cálculo que hizo el Estado ante la negativa de la
firma a dar datos de costos), el mismo arrojaría un resultado negativo
de –$798.431.980 como consecuencia de los costos no contemplados por la
misma".
Llamativamente, la cablera presenta a la justicia datos del balance
de 2010, pero omite intencionalmente cuantificar el excedente que le
generó en los últimos años la sobrefacturación por la vía de la evasión
de los fallos judiciales. Concretamente, en los últimos tres años la
firma percibió $ 7400 millones extras por especular con las tarifas. El
esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque
se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de
Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5
millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de
cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales,
es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría 2013
(siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200
millones extras por no respetar la tarifa oficial.
Este diario consultó a la Defensoría del Pueblo si, en alguna
instancia, había mantenido reuniones con la empresa para abordar este
tipo de prácticas para con la justicia. "No, nunca sucedió", dijeron. Lo
que sí ocurrió fueron varios pedidos de reuniones por parte del
Sindicato Argentino de Televisión (SAT), cuyas autoridades provinciales
se mostraron preocupadas por el futuro de sus fuentes de trabajo, luego
de las amenazas de Cablevisión de mandar a la quiebra la empresa por los
fallos de la justicia. La estrategia de presión de la firma ante los
fallos adversos es muy similar, sin ir más lejos, a la aplicada por las
empresa de medicina prepaga al momento de la sanción de la ley que
regula la actividad. Por el rol de los medios de comunicación, la
extorsión no tuvo éxito entre los diputados y senadores. En los próximos
días se sabrá si la justicia es permeable o no a la presión de
Cablevisión.
Respuesta de bonicatto al multimedios
Rápido de reflejos, el defensor del Pueblo de la provincia de
Buenos Aires, Carlos Bonicatto, contestó con un documento enviado al
juez el informe del Grupo Clarín en el que se manejaba la posibilidad de
quebrar ante fallos adversos de la justicia. “La insólita petición de
la accionada pretende generar más confusión en este proceso con la sola
finalidad de dilatar y evadir el cumplimiento de la Resolución cautelar
de su Señoría, confirmada por la Excelentísima Cámara Federal de
Apelaciones”, asegura Bonicatto en el escrito. Y agrega que “la
argumentación autovictimizante y paralelamente ofensiva para la
Institución que represento debe ser rechazada in limine, ya que no se
puede pretender retrotraer el proceso a voluntad, con la recurrente
intención de incumplir la obligación legal de obedecer el fallo del
14/12/2012, en clara contradicción con el principio de preclusión, que
guía todo el proceso judicial”.
En este mismo sentido, Bonicatto aseguró que “niego que la
demandada tuviese imposibilidad de cumplir con la sentencia cautelar
(…), como que ello implicara poner en riesgo la existencia de la misma
empresa Cablevisión (…), o como que la determinación de la Resolución de
Comercio Interior fuese arbitraria o irrazonable”.
En definitiva, y en respuesta al documento emitido por Cablevisión,
el defensor del Pueblo solicitó al juez Ziulu, que "rechace" el pedido
de suspensión del proceso efectuado por la demandada (…) así como
también se resuelva no hacer lugar a las pruebas ofrecidas por
Cablevisión, por no resultar el momento procesal oportuno para realizar
las mismas”.
La respuesta de Bonicatto se enmarca en el típico conflicto que se
genera en este país con las empresas que son monopólicas en cualquier
sector de la economía. De hecho, en su carta a los jueces, el abogado de
Cablevisión destaca que la firma "abastece a más del 46% del mercado
argentino de TV paga en términos de cantidad de suscriptores, y más del
24% del mercado de banda ancha de Internet de Argentina en términos de
cantidad de abonados". La cuestión de fondo, en este escenario, plantea
el desafío de avanzar en el Congreso con alguno de los proyectos de
regulación de la TV por cable y la inclusión del cable en la lista de
los servicios públicos. Con estos dos puntos concretados, cualquier
aumento tarifario deberá pasar por audiencia pública, justificado,
evitando así subas que no tienen detalle de costos.
Fuente: Tiempo Argentino
Etiquetas: Cablevisión, Grupo Clarín., Ley de Medios, Poder Judicial
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