Ley de Comunicación en Ecuador: Una ley que da que hablar

Fernando Gómez asegura que en la norma prima la perspectiva de la comunicación popular del proyecto del Foro Ecuatoriano de la Comunicación y sostiene que a luz de la nueva legislación vigente en América latina es necesario cambiar la “matriz productiva” de la comunicación.

La disputa por la democratización del acceso y el derecho a la información que se viene impulsando en América latina conquistó un nuevo triunfo el pasado 14 de junio, cuando la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. “Ley mordaza” titularon los medios privados de comunicación de ese país. “Mordaza a la prensa” titularon en el resto del continente (N.d.R.:De la mano de la SIP, arremeten contra Ley de Comunicación de Ecuador). En palabras de Osvaldo León, director de América Latina en Movimiento, ese discurso de los medios privados tiene “una resonancia mundial por la vigencia del ‘consenso mediático’ que día a día afina su maquinaria de propaganda”.

Para quienes ostentan los medios masivos de información, la mejor ley de comunicación es la que no existe. “El poder mediático corporativo” prefería la vieja Ley de Radiodifusión, firmada en 1975 por la dictadura militar y reformada en 1996 y en 2002, cuando las políticas neoliberales eran acompañadas por medios que apuntalaban los proyectos privatizadores. En contraposición, la redacción final de la nueva ley incluye normativas que democratizan la comunicación y efectivizan los derechos a la comunicación y a la información consagrados en la Constitución que el pueblo ecuatoriano aprobó el 28 de septiembre de 2008.

Esta ley, que ha demorado más de cuatro años en entrar en vigencia, fue discutida por organizaciones sociales, colectivos de comunicación popular y comunitaria, gremios del periodismo y sectores académicos, quienes formaron el Foro Ecuatoriano de la Comunicación y formularon el anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional. La ley se nutrió de este anteproyecto y otros dos provenientes de la oposición y del oficialismo.

En esa trilogía de anteproyectos, fueron las propuestas del Foro las que permitieron una reforma estructural del sistema mediático con la redistribución de las frecuencias de radio y televisión en un 33 por ciento para medios privados y públicos y un 34 por ciento para los comunitarios. El mapa mediático actual en Ecuador cuenta con un espectro radioeléctrico concesionado en más de un 85 por ciento por el sector privado. Un informe realizado en 2009 por disposición constitucional señala que al menos un tercio de las concesiones son irregulares, ya que fueron asignadas como pago a favores políticos en la época neoliberal.

La ley, que considera a la comunicación y la información como servicios públicos y no como mercancías ni negocios, no se limita a los medios, sino que se presenta como una norma de comunicación en un sentido amplio, incentiva la producción regional, promueve la interculturalidad y lo plurinacional, prohibiendo los contenidos sexistas, xenofóbicos y racistas, y en el artículo 44 defiende los derechos de trabajadores y trabajadoras de la comunicación.

Otra demanda del Foro que se incluye en la redacción final establece una cuota de pantalla para la producción nacional y obliga a que los medios audiovisuales difundan un porcentaje de música producida en el país.

Concebida desde una visión de derechos, esta nueva herramienta impide “el oligopolio y monopolio, directo e indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”. El sector privado en comunicación no podrá tener inversiones de otros sectores financieros y de otras ramas económicas ni viceversa. Por otra parte, las estrategias diarias que los grandes medios utilizan para “desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas” son denominadas como “linchamiento mediático” y su artículo 26 prohíbe la difusión de esa información.

Esta Ley Orgánica de Comunicación se suma a las que en el resto del continente van obteniendo su vigencia y, gracias a la lucha por la democratización de la comunicación, ha logrado en los sectores populares establecer cuando menos demandas comunes básicas. Es tarea pendiente de estos sectores definir una agenda común para sostener y profundizar estos avances.

El reto es que a partir de las experiencias acumuladas, las organizaciones sociales e indígenas y colectivos de comunicación alternativa, popular y comunitaria, que desde hace años vienen militando para lograr esta ley, inviten a las grandes mayorías populares a que se apropien de esos medios, tomen y generen radios y televisoras, ocupen ese espectro radioeléctrico como medio de organización social, cultural y política, y así den a conocer sus luchas. Es necesario cambiar la “matriz productiva” de la comunicación y pasar de una sociedad consumidora de información o mercancías, a una sociedad crítica y productora de información, de medios, de respuestas, de preguntas, de nuevas creaciones, de nuevos discursos.

- Fernando Gómez es Integrante del medio comunitario Radionauta FM 106.3 y miembro del equipo de comunicación de la articulación continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-223588-2013-07-03.html