miércoles, 18 de febrero de 2015

Prudencia, Respeto, Ética

El movimiento cooperativo, mutual y el asociativismo Pyme, fue históricamente víctima de la exclusión del acceso a la comunicación impuesta por los régimenes militares y de la manipulación de los medios concentrados en favor de los intereses monopólicos. También ha sido respetuoso y paciente demandante de justicia, asumiendo el compromiso con la Ley de Comunicación Audiovisual, con los 21 puntos para una Radiodifusión Democrática, con la voluntad públicamente manifiesta de establecer un código ético a las comunicaciones y al derecho a la información, etc.

Nuestras entidades, y en consecuencia los millones de asociados a las mismas, hemos sufrido los desequilibrios, los conflictos entre los poderes públicos, la lentitud de la justicia, la tensión agregada de una sobre estimulación mediática de cualquier situación de conflicto real o imaginaria, que solo contribuye a socavar la conquista más importante de nuestras últimas décadas: la democracia.

Nuestras organizaciones han defendido y practicado la democracia, aún en las horas más oscuras de nuestra historia. Es el modo de gobierno que hemos definido para conducir nuestra vida en sociedad, para expresar nuestras posturas, saldar nuestros desacuerdos y avanzar en los pactos que nos permiten la convivencia, el desarrollo y las aspiraciones de bienestar.

A escasas semanas de un proceso electoral que conlleva un cambio en varios y claves cargos políticos, entre ellos el Ejecutivo Nacional, las imputaciones a la presidenta a raíz de las denuncias del Fiscal  Alberto  Nisman,  impactan directamente contra la capacidad de gobierno, de quien encarna esa responsabilidad por la voluntad popular.

No deja de sorprender como diversos medios acceden a “avances” en la investigación del caso Nisman, poniendo a la opinión pública en un estado de sobreabundancia de información con hilos sueltos, marchas y contramarchas, lo que crea más confusión sobre lo que luego “opinadores y columnistas” denuncian como “presiones” por parte del Poder Ejecutivo a la “justicia” (así, generalizada), que por otro lado fueron taxativamente negadas por ejemplo, por la fiscal del caso Dra. Viviana Fein.

Como señalamos, las organizaciones de la economía solidaria muchas veces hemos sufrido la postergación y la injusticia de parte de todos o alguno de los poderes públicos, y hoy mismo seguimos sufriendo exclusiones, injusticias o arbitrariedades. Pero nunca hemos perdido el respeto, la prudencia y la ética en nuestros justos reclamos.


Prudencia, respeto y ética son parte de nuestra esencia como entidades solidarias, y venimos a ratificar nuestro compromiso con tales valores, en momentos en que vemos actitudes y posiciones que hacen peligrar la convivencia social y la confianza en las instituciones.

Todos queremos la verdad, y la misma debe estar fundada en la justicia y no en la mediática imposición de exaltados juicios de valor que pueden condicionar el ánimo y la actuación de los fiscales y jueces y el punto de vista de la población en un contexto electoral.

Por muchas de las circunstancias que acontecen en torno de este nuevo caso, hemos sido sólidos defensores de la democratización de la comunicación y firmes impulsores de la desmonopolización y desconcentración del sistema nacional de comunicación, tanto de la audiovisual, como de la que utiliza papel prensa, monopolizado precisamente en los años de menos libertad.

En esta oportunidad como en todas las otras anónimas tragedias de nuestros tiempos -que son anónimas solo bajo la lógica de comerciar y consumir noticias-, lamentamos tener que hablar de un “caso” cuando se trata de una vida. La de una niña, de una persona, de una comunidad, o de un pueblo.

Por respeto a la familia y a las garantías constitucionales y derechos individuales a los que apela, adherimos al pedido de la Dra. Arroyo Salgado, para dejar actuar sin condicionamiento alguno al Ministerio Público Fiscal, y en su caso, asegurar la transparencia de todo el proceso.

Por respeto a la sociedad que somos, apelamos al criterio de la responsabilidad social y la ética profesional para ejercer el derecho de brindar y de recibir información sobre el tratamiento de éste y de los demás temas que componen la agenda nacional.

Es lo mínimo que nos merecemos para seguir siendo un pueblo y poder mirar al futuro.



Instituto de Promoción de la Economía Solidaria

16 de Febrero de 2015

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